CARTA PÚBLICA A LAS CANDIDATURAS – Octubre, 2017
Señoras y señores Candidatas (os)
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Las organizaciones y redes abajo firmantes, organismos sin fines de lucro de la sociedad civil que trabajan con la niñez y la adolescencia en terreno, nos dirigimos a usted, con el propósito de transmitirle la necesidad de que el Estado de Chile salde la deuda que aún se tiene con los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
En septiembre de 2011, constituimos mesas de trabajo con el Gobierno del ex Presidente Piñera y logramos un acuerdo básico, para un pre-proyecto de “Ley de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes”, lamentablemente, dicho Proyecto consensuado fue desechado.
En marzo de 2014, la actual Presidenta Michelle Bachelet creó por Decreto el Consejo Nacional de Infancia, enviando así una señal sobre la prioridad que la niñez y adolescencia tendrían en su mandato.
Durante casi un año y medio, el Bloque colaboró en todas las instancias creadas, tanto por el Consejo como por el Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de lograr construir una Ley de Protección Integral que estableciera las bases de un Sistema Institucional de Protección de la niñez y adolescencia en todo el país. No obstante, el Proyecto de Ley ingresado en septiembre 2015, incorporaba contenidos diferentes de lo conversado y trabajado previamente, por nosotros, con el Ejecutivo.
Entre dicha fecha y el presente, varios Proyectos de Ley fueron enviados al Congreso, todos ellos marcados por debilidades evidentes, desde la perspectiva de los estándares de derechos reconocidos por Chile, al firmar y ratificar la Convención sobre los derechos del niño hace ya 27 años.
Siempre dispuestos a construir propuestas más sólidas, como Bloque hemos redoblado esfuerzos, en estos dos años, proponiendo recomendaciones a los/as parlamentarios/as, buscando de esta manera, mejoras sustantivas en las iniciativas legislativas.
Hoy, solicitamos a usted asumir explícitamente en su Programa y como prioridad, un compromiso concreto que permita avanzar en la generación de un Sistema de Protección Integral, para todos los niños, niñas y adolescentes que habitan nuestro país, sistema legalmente respaldado y dotado de los recursos y las estructuras institucionales que sean necesarias. En tal sentido, nuestras propuestas concretas para usted son las siguientes:
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Desde la legislación ingresada a la fecha, recuperar todo lo que sea posible para poder construir desde allí, lo requerido. Como Bloque, consideraríamos un esfuerzo innecesario y un retroceso el que un nuevo Ejecutivo y un nuevo Parlamento, comiencen de cero toda la discusión de estos años.
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Desde el Proyecto de Ley de “Sistema de Garantías”, se debe establecer el compromiso de hacer de este, explícitamente, una poderosa Ley General de Bases de la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Para ello, al reconocimiento de cada uno de los derechos ya establecidos en el Proyecto de Ley actual, se debe agregar, por la vía de indicación sustitutiva del nuevo Ejecutivo; a) todo lo relativo a las responsabilidades explícitas de los órganos de la administración; b) se debe incorporar a su vez, a nivel territorial la protección administrativa de esos derechos de la niñez y adolescencia, dotando a dicha administración de una estructura local, con toda las atribuciones e institucionalidad necesaria; c) de igual manera, recomendamos que se vuelva a incorporar todo lo relativo a la participación de los organismos de la sociedad civil y de las organizaciones de niños y niñas, en su articulado, contenidos estos que quedaron consignados explícitamente en las discusiones del pre-proyecto de ley.
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Se debe también reforzar los contenidos actuales del Proyecto de Ley del Defensor de la Niñez y asegurar su implementación durante el año 2018, garantizando sin ninguna duda su autonomía, sus atribuciones y sus potestades, para ejercer como un super-vigilante del Sistema de Protección a la Infancia en su conjunto y como un órgano de persuasión ante los conflictos que involucren a la infancia. Es particularmente importante que, en el articulado actual, en lo relativo a la selección del Defensor, se garantice la máxima transparencia. Consideramos también fundamental que, para la implementación de la Defensoría, se establezca en la ley un plazo máximo de 3 años, en pos de lograr la instalación de delegaciones en todas las regiones del país.
Al mismo tiempo, consideramos que la existencia del Defensor debe tener rango Constitucional, para lo cual se debe aprobar la Moción Parlamentaria presentada el año 2013 y aún en tramitación en la Comisión Especial de Infancia del Senado.
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Es necesario revisar en los Proyectos de Ley actuales, la Institucionalidad que se espera dar a todo el sistema de Protección Integral, con el objeto de fortalecerla. Se requiere contar con una institucionalidad al más alto nivel de la administración del Estado. En este sentido, el Proyecto de Ley que crea la Subsecretaría de la Niñez es insuficiente y debe ser revisado.
La Institucionalidad a crear, debiera abarcar desde el nivel nacional al nivel local, configurando una autoridad en Protección Administrativa, con una autoridad Rectora a nivel central y con autoridad territorial en las Comunas, ello debe quedar explícito en el Proyecto de Ley que modifica el Ministerio de Desarrollo Social y que crea allí la Subsecretaría de la Niñez. Al mismo tiempo, se hace necesario establecer, al más alto nivel, un Consejo Público-Privado, en tanto parte de la autoridad rectora en materias de niñez y adolescencia, dicho Consejo debe depender de la Presidencia de la República.
Se trata de configurar una autoridad efectiva con real injerencia, por tanto, la Institucionalidad y este Consejo deben estar explícitos en las leyes respectivas (en el Proyecto de Ley de Sistema de Garantías, con sus definiciones de base y en el Proyecto de Ley que modifica al MDS, con su configuración orgánica y procesos concretos).
Es en el marco de este Sistema e Institucionalidad, que se debe determinar, participativamente, la reestructuración del SENAME, particularmente en lo relativo al ámbito de la protección.
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El conjunto de este proceso transformador en el campo de la niñez y adolescencia y de resguardo de sus derechos, tomará varios años e involucrará a múltiples Instituciones y actores del país, por ello es fundamental que el mismo se sustente en una estrecha alianza estratégica entre el Estado y la Sociedad Civil organizada, incluidas las organizaciones de niños y niñas.
No seremos capaces de saldar la deuda que tiene el país y el Estado con la niñez, si no aunamos fuerzas entre todos y todas. Por ello, la relación Estado-Sociedad Civil organizada requiere de un profundo cambio, el cual pasa por el reconocimiento de la labor de las Organizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro, que apoyan el quehacer con la niñez y adolescencia, un reconocimiento que se debe expresar en procesos efectivos de colaboración en los diseños, implementación, monitoreo, evaluación y retroalimentación de las políticas públicas. Todo lo cual, debe quedar refrendado en los contenidos de cualquier Proyecto de Ley en estas materias.
Por lo demás, debemos poner en evidencia que el establecimiento de esta alianza estratégica, hace parte del objetivo 17 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 acordada por Naciones Unidas y a la cual nuestro país ha adherido, allí se nos invita a incorporar las capacidades de todos los sectores públicos y privados en la construcción de estrategias comunes de desarrollo, ocupando la niñez un lugar prioritario.
Pese a las ilusiones y desencantos, donde a ratos pareciera que nuestra voz no fuera escuchada, declaramos que no bajaremos los brazos y que, asumimos como un deber ético, el trabajar por hacer realidad lo aquí propuesto.
Finalmente y, como ya lo dijimos el año 2013, “la tarea delineada no es fácil pero, más complejo será aún el día de mañana si, por la vía de soluciones parciales, se continúan postergando las transformaciones… antes explicitadas”. Quedamos una vez más a vuestra disposición, fraternalmente,
BLOQUE POR LA INFANCIA
Campaña Movilizándonos por una Cultura Integral de Derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile (participan 400 organizaciones, redes locales, OPD´s, y ONG´s de cinco regiones del país), Capítulo Chileno del Movimiento Mundial por la InfanciaMMI, Comunidad de Organizaciones Solidarias-COS (Representando a su Mesa de Infancia la que agrupa a 30 ONG´s), Foro Chileno por los Derechos de la Infancia, Mesa PRO-BICE (representando a 10 instituciones ligadas a la Iglesia Católica), Red de ONG´s de Infancia y Juventud- ROIJ (con 35 ONG´s de infancia y juventud a nivel nacional), Aldeas Infantiles SOSChile, Asociación Chilena Pro-Naciones Unidas-ACHNU, Corporación La Caleta, Fundación Hogar de Cristo, Fundación Ciudad del Niño, Fundación Para la Confianza, Fundación Mi Casa, Fundación DEM, Fundación Pléyades, Fundación PIDEE, La Protectora, Maristas-Chile, ONG Paicabí, ONG SocialCreativa, ONG Raíces, Universidad Central de Chile, World VisionChile.